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Por el derecho a elegir

Educación

Por el derecho a elegir

El 12 de junio de 2018 la Junta Electoral de la USACh publicó el padrón definitivo de la elección de Rector que se efectuó el 6 de julio de ese año. En dicho padrón figuran tan solo 738 académicos de un universo de 2.771, esto es, un poco más del 26% del total de académicos de la Universidad. Con esta decisión, las autoridades de la USACh vulneraron, de manera flagrante, lo dispuesto por el artículo 21 inciso 1° de la ley N° 21.094 sobre universidades estatales, toda vez que excluyó de la elección de Rector a un 74% de académicos que, teniendo nombramiento o contratación vigente, desempeñan actividades académicas de forma regular y continua.

Nos alegra y reconforta que el fallo del Tribunal Electoral Regional nos diera la razón, reconociendo nuestros derechos y otorgándonos un mínimo dignidad como académicos de la Universidad de Santiago de Chile. Al mismo tiempo lamentamos y nos decepciona la actitud de la Junta Directiva y del Rector Juan Zolezzi al haber apelado al fallo del Tribunal Electoral Regional Metropolitano (TER) ya que le hace muy mal a la convivencia universitaria y nos parece una actitud mezquina que sólo favorece a los intereses de unos pocos.

Es importante señalar también que, si bien en el requerimiento presentado al TER fue firmado por 12 académicos, uno jerarquizado y 11 categorizados, nuestras demandas representan, sin duda, el sentir de la mayoría de los académicos por hora de clases. De hecho, con posterioridad a la promulgación de la ley 21.094, el 18 de junio de 2018, la Asociación de Académicos de la USACh interpuso un recurso de protección (42764 – 2018) ante la Corte de Apelaciones, que fue apoyada por más de doscientos académicos por horas de clases, por estar excluidos del padrón electoral de la elección de rector realizada el año pasado.

Hoy, ante el inicio de la campaña del propio Rector Juan Zolezzi para su reelección, usando para ello los canales de televisión CNN Chile y 24 Horas, demandamos, a cualquiera que pretenda asumir la rectoría de la Universidad de Santiago de Chile, un compromiso público que dé garantías de un Trabajo Decente (OIT, 2014) para los académicos por horas de clases, que se refleje en una normalización administrativa que responda a estándares éticos característicos de la actividad académica.

Como académicos nombrados por horas de clases, exigimos un marco mínimo de equidad laboral:

  1. Creación de Planta, Carrera y Jornada Docente.
  2. Racionalización y equidad del sistema de remuneración, compensación y nombramientos.
  3. Formulación e implementación de programas de desarrollo y perfeccionamiento.
  4. Destinar instalaciones dignas para quienes realizan la actividad docente.
  5. Mecanismos claros de participación en todas las actividades académicas e institucionales.
  6. Asegurar estabilidad laboral.

Es importante decir que estas demandas no son nuevas, han sido expuestas una y otra vez en las diferentes mesas de trabajo con las autoridades de esta universidad, desde hace más de diez años. Pensamos que es la universidad el ámbito que contribuye al diálogo y la reflexión crítica del país. Cuando este diálogo se niega, la universidad deja de cumplir su misión, es decir, deja de ser conciencia crítica para nuestro país. Desgraciadamente, las autoridades de nuestra querida universidad no han estado a la altura de las circunstancias todos estos años, razón por la cual nos vimos en la necesidad de recurrir a una instancia judicial para defender nuestros derechos de participación democrática. La situación que vive hoy nuestra universidad es de responsabilidad de todas aquellas autoridades que sistemáticamente se han mostrado indiferentes ante las legítimas demandas de los académicos por horas de clases.

Tenemos la convicción que la razón está de nuestro lado, de manera que esperamos tranquilos y confiados en que el TRICEL confirmará el fallo del TER, que reconoce nuestro derecho a elegir nuestras autoridades universitarias. En efecto, en procesos democráticos participativos todos valemos lo mismo, tanto para elegir a el o la presidenta/e de la república como a los y las parlamentarias/os. No nos cabe duda alguna, si a nivel nacional un ciudadano vale un voto, en la universidad, un académico vale un voto como lo señala expresamente el reglamento de elección de rector, exento 2357 del 9 de junio de 1994.

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